A pesar de estar condenado por delitos de abuso sexual infantil y de recibir una sentencia mayor a 100 años, Yudiel Flores Tovar, alias “El Coyote Consentido”, continuaba cometiendo agresiones sexuales contra menores desde el penal “El Amate” en Chiapas.
Según denunció la organización Reinserta, el caso evidencia fallas graves en el sistema penitenciario mexicano donde las autoridades penitenciarias no detectaron que Flores mantenía acceso a un celular donde almacenaba nuevas imágenes de abuso, presuntamente cometidos dentro de la cárcel. Las víctimas podrían ser hijas e hijos de otras personas privadas de la libertad.
Reinserta adviertió que este no es un caso aislado. La organización ha documentado al menos cinco hechos similares en distintos centros penitenciarios del país, incluidos testimonios en el penal de Santiaguito y el extinto Topo Chico, así como el hallazgo del cuerpo sin vida del bebé Tadeo en un penal de Puebla. Todos revelan un patrón de omisión y negligencia institucional.
Mediante un comunicado, aseguró que en México, más de medio millón de niñas, niños y adolescentes tienen a su madre o padre en prisión. Desde 2010 han nacido 10 mil bebés en centros penitenciarios. La mayoría de estos menores entra a cárceles bajo filtros básicos de seguridad, pero dentro no existen espacios protegidos ni mecanismos que garanticen su integridad.
Por otra parte, detalló que nueve de cada diez delitos sexuales en el país no se denuncian. El 93% de las víctimas menores de 17 años son niñas. Sin protocolos claros de vigilancia y sin personal capacitado, las cárceles mexicanas permiten que agresores sexuales sigan delinquiendo incluso tras las rejas, sin seguimiento psicológico ni rehabilitación especializada.
Lamentó que a diferencia de otros países, México carezca de legislación para evaluar, tratar o vigilar a agresores sexuales dentro del sistema penitenciario. Afirmó que no existen mecanismos que limiten su contacto con menores. La Ley Nacional de Ejecución Penal tampoco contempla medidas específicas para este tipo de perfiles criminales.
Con su posicionamiento, Reinserta exigió acciones inmediatas como la segregación obligatoria de agresores sexuales en todos los penales del país, creación de espacios seguros para menores, un protocolo que evite contacto entre infancias y personas privadas de la libertad que no sean sus familiares directos, y capacitación al personal penitenciario.
La organización también urge a reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para incluir tratamientos especializados, monitoreo permanente y sanciones a autoridades que permitan, por omisión, que niñas y niños sigan siendo víctimas de violencia sexual dentro de centros de reclusión.