TIJUANA, BC., 22 de agosto de 2025.– El Cabildo de Tijuana aprobó el Programa de Identificación, Empadronamiento y Regularización de la Situación Jurídica y Administrativa de anuncios publicitarios en la ciudad, a propuesta de la regidores Sandra Betsaida Magaña Ríos y Arturo Aguirre.
La edil del Partido Acción Nacional explicó que la medida busca atender un problema que desde hace años afecta a Tijuana: la saturación de anuncios espectaculares, carteleras electrónicas, vallas publicitarias y estructuras móviles, muchas de ellas instaladas de manera irregular o sin autorización.
“Este programa es un paso fundamental para poner orden en la instalación de anuncios publicitarios en nuestra ciudad. No se trata de frenar la actividad económica, sino de garantizar que se realice bajo un marco jurídico, seguro y transparente, beneficiando tanto a la ciudadanía como a los empresarios”, declaró.
Magaña señaló que la proliferación descontrolada de anuncios ha generado problemas de orden urbano e imagen, riesgos de seguridad por estructuras sin supervisión técnica, incertidumbre jurídica para los operadores de anuncios y pérdida de ingresos municipales al no estar registradas ni contribuir al erario.
El programa contempla la identificación y empadronamiento de todos los anuncios publicitarios existentes, la creación de una base de datos confiable de permisos, licencias y concesiones, así como la coordinación con Tesorería Municipal para la recaudación de contribuciones y la supervisión de estructuras en conjunto con Protección Civil, a fin de prevenir accidentes.
De acuerdo con la regidora, en su aplicación estarán involucradas la Secretaría de Gobierno Municipal –como ejecutora y coordinadora–, la Dirección de Administración Urbana –para el otorgamiento y actualización de permisos–, la Tesorería Municipal –en el cobro de derechos–, y la **Dirección de Protección Civil –en la revisión de seguridad estructural–.
La panista aseguró que con este plan se logrará un ordenamiento urbano que reduzca la saturación visual, se brinde **certeza jurídica a las empresas y particulares, y se fortalezcan los ingresos municipales mediante el pago de derechos y revalidaciones.