Tijuana.- La Asociación de Profesionistas de Compliance A.C. llevó a cabo un congreso internacional donde panelistas analizaron temas de anticorrupción y derechos humanos.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2020, México ocupa el número 124 de 180 países con un puntaje de 31 de 100, un problema global pero que aquí no está tipificado como un delito.
El Dr. Víctor Vieyra, presidente de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, señaló que en 2019 el costo de la corrupción en México fue de más de 12 mil 700 millones de pesos por pagos, trámites o solicitudes de servicios.
Explicó que la corrupción sucede cuando las personas hacen mal uso de la autoridad otorgada a ellas por el Estado, su empleador o algún otro ente, y recordó el suceso de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, la comisión investigadora del Distrito Federal informó que al construirlo se incurrió en peculado, pagos y uso indebido del ejercicio público, así como de atribuciones.
El Dr. David Merino, coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal, dijo que en México existen 4 principales problemas: la evasión fiscal, lavado de activos, simulación de operaciones y la corrupción.
Los esfuerzos encaminados para combatirlos están dirigidos a 4 ejes; la identificación de personas, materialidad de operaciones, reconocimiento de esquemas y el control de activos como inmovilización o decomiso, así como reformas a las leyes de antilavado, instituciones de crédito, código fiscal, de extinción de dominio y a la legislación penal.
Por su parte, la Mtra. Jafia Pacheco, consejera de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción de Coahuila, habló de la base y norma jurídica de los derechos humanos laborales, así como de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizarlos.
En tanto la Mtra. Claudia Villalobos auditor de la norma ISO 37001 planteó la corresponsabilidad de gobierno y empresa en materia de corrupción, y cómo el sector privado ha ido adquiriendo compromisos para adoptar principios y acciones de combate.
Asimismo el C.P.C. Rufo Ibarra Batista, coordinador General de Acción por los Derechos Fundamentales A.C., emitió una reflexión sobre la importancia de fortalecer la democracia y participación social en el país, donde todas y todos conozcan sus derechos humanos.
También se contó con la participación del Dr. Joaquín Mejía profesor investigador de la AIDH, quien analizó la corrupción, impunidad y los derechos humanos, así como del Dr. Jorge Alberto Alatorre integrante del CPC Nacional quien expuso la situación actual y perspectivas del combate a la corrupción.
El evento fue moderado por la presidenta Honoraria de la Asociación de Profesionistas de Compliance A.C., Lic. María del Socorro López y el presidente, el L.C.P.I Alonso Ibarra Arellano, quien también es miembro del Comité Internacional de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación.