Por Antonio Heras

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) olvidó su razón de ser para convertirse en mediador “imparcial” de conflictos.
Pide respeto a la verdadera libertad de expresión en Baja California y el correcto ejercicio periodístico.

Son aceptables como pronunciamientos institucionales, pero no en un conflicto generado por la reacción virulenta de una de las partes. En este caso, el gobernador Jaime Bonilla, quien se dice atacado porque se publican sus yerros y lo cuestionan por los resultados de su gobierno.

La retórica de la Comisión es una pieza política, lamentable, más que jurídica y en defensa de los derechos humanos.
Protege, de oficio, al gobernador Jaime Bonilla, a pesar de la retahíla de insultos y mentiras contra periodistas, y exige además a los periodistas que se conduzcan con la verdad e incluso alude al derecho de réplica.

A ojos de todos, a excepción del gobernante, representa un mensaje de impunidad pues su obligación es abrir un expediente para investigar los hechos, y dejar de lado filias y fobias traducidas en cacicazgos locales de autoridades o de sus propios empleados.

Criticada desde su creación hace tres décadas, la CNDH es por naturaleza un organismo autónomo e independiente, destinado a vigilar y proteger la vigencia los derechos humanos de personas ante autoridades mexicanas para construir una cultura de protección de estos derechos y de atención a víctimas.

Su misión, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2020-2024, es proteger los derechos humanos ante autoridades.
Ya la prensa cortesana manejaba una salida para Bonilla a través de una tregua con los periodistas.

La Comisión Nacional advierte sobre la réplica y, de acuerdo a la ley que la norma, este derecho se entiende que la información que se publica es falsa o inexacta.

Los periodistas, en principio, verificamos nuestra información y en todo caso se acompaña de documentos oficiales, resoluciones, informes y estudios. A veces, como en el caso de Lindero Norte, existen declaraciones de políticos como referente, nunca como verdad absoluta, a toda vez que el periodismo se basa en hechos y no en dichos.

El periodismo no es, como dice Bonilla, el negocio de callar y ganar por no publicar, el pago ilegal de prebendas y la compra de conciencias. Eso apunta el “código de ética” de sus empresas.

Un repaso de asuntos que le incomodan al gobernador Bonilla y funcionarios, los cuales han permitido advertir que su administración generó crisis financiera, política y de credibilidad, tan cuestionada por los periodistas:

1) Resolución de la SCJN en contra de aumentar el período de gobierno de Bonilla.
2) Fraude constitucional, así calificaron los ministros a esta pretensión.
3) Suspensión de su intento de eliminar al Consejo de la Judicatura.
4) Suspensión de su pretensión de transferir los organismos del agua a municipios.
5) Entrega de un cheque sin fondo a medallistas olímpicos por 50 mil pesos. Sigue la deuda.
6) Designación de Marina del Pilar como candidata de Morena al gobierno estatal, en lugar de Armando Ayala, su delfín.
7) Designación de candidatos a diputados federales y estatales por Morena, en lugar de sus prospectos.
8) Estancada su iniciativa de revocación de mandato por considerar que está lejos de ser un instrumento de participación ciudadana, y en su propuesta se convertiría en una medida de poder del gobernante.
9) Sanción administrativa a solo dos servidores públicos durante su administración por irregularidades o responsabilidades. ¿Y la corrupción de su gobierno y de Kiko?
10) Inexistencia del fiscal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, el cual debe ser propuesto por el gobernador según iniciativa presentada en noviembre de 2019.
11) Incremento a la deuda pública.
12) Falta de liquidez financiera a un mes de concluir su mandato.
13) Desaparición solo de nombre de la “corrupta PEP” pues sus agentes se integraron a la GESI.
14) Inacción de la investigación administrativa de Los Moches.
15) Invalidez de dos artículos de la Ley de Ingresos del Estado para 2021 por ser inconstitucionales.
16) Cancelación unilateral del contrato de servicio de energía eléctrica de bombeo del Acueducto Río Colorado-Tijuana que provocó un litigio contra el gobierno estatal.
17) Declaratoria de expropiación del Club Campestre de Tijuana.

Son innumerables los asuntos públicos que se han documentado y publicado sobre este gobierno.

¿Réplica? Es información oficial y pública.

La respuesta de Bonilla ha sido el insulto y las diatribas, carente de argumentos. Las mentiras, a su imagen y semejanza.