Tijuana, 5 de septiembre de 2022.- La Suprema Corte de Justicia dictaminó a principios de agosot, que las autoridades estatales y municipales no son competentes para prohibir productos plásticos desechables, esta fue resultado de las diferentes regulaciones que se han realizado en el país sobre el uso de las bolsas de camiseta y popotes.
El director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA) José Carmelo Zavala Álvarez, señaló al respecto que es importante señalar que esta determinación puede resultar dolorosa para activistas y grupos de la sociedad civil, pero las iniciativas presentadas en los distintos municipios de Baja California, carecieron de uniformidad ya que, aunque parecían ser lo mismo, se observaron en ellas diversas inconsistencias, incluso refiriéndose a un mismo producto.
Sostuvo que, el enfoque de las campañas copiadas en su mayoría del estado de California, Estados Unidos y otros, países donde se aborda el manejo de plásticos, ha tomado un rumbo equivocado.
“El material no biodegradable debe convertirse en una virtud para poder reutilizar el material, el problema está en su manejo, una vez que pierde valor lo tiramos y lo hacemos basura y termina en ríos, arroyos y en camino al mar para formar estos microplásticos” afirmó.
De igual manera, reiteró que no se deben olvidar las virtudes del plástico, pues, este material ha ofrecido grandes beneficios dentro de distintos ramos, como en la industria de los alimentos; además es innegable su utilidad dentro del sector salud, permitiendo un mayor manejo de la higiene esto sin olvidar su utilidad durante el periodo de la restricción sanitaria causada por el Covid-19, donde por medio de artículos plásticos, distintos establecimientos pudieron sobrevivir y ofrecer sus productos.
En este caso, el también egresado del programa LEAD por el Colegio de México, reiteró la necesidad de la fabricación de materiales dentro de la economía circular en los que, desde su origen, se planeé cuál será el destino del artículo una vez que ya haya cumplido con su finalidad comercial, no solo pensando en un posible reciclaje sino en una utilidad que permita darle un siguiente uso primario.
Cabe destacar que las empresas que fabrican plásticos a gran escala como refresqueras y cadenas comerciales fueron las encargadas de interponer el amparo que llevó a la Suprema Corte de Justicia a este dictamen. Mismas que realizan sus propias campañas ambientales y que son promovidas en conjunto con organizaciones civiles e incluso autoridades regionales.
En este sentido, puntualizó que las alianzas establecidas entre estos organismos privados y públicos son algo legítimo y pese a que los materiales generados a nivel industrial son un serio problema, las empresas también son parte de la solución porque, hay una responsabilidad extendida del fabricante.
Lo cierto es que, para lograr una regulación de alcance nacional en el uso de plásticos, tanto grupos ambientalistas como las autoridades estatales y municipales, deben enfocarse de manera informada en incidir.