En México, el “huachicol” ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una industria criminal de dimensiones alarmantes. Lejos de limitarse a los ductos clandestinos del centro del país, esta práctica ilícita ha extendido sus tentáculos hasta las regiones fronterizas, como Tamaulipas y Baja California, donde opera con nuevos mecanismos y con una impunidad que ofende.
En Tamaulipas, por ejemplo, la simulación en la importación de aceite sirve de fachada para introducir gasolina de contrabando. En respuesta, el gobernador de ese estado plantea como “solución” la instalación de estaciones de servicio del gobierno estatal, una medida que parece más bien un distractor que una estrategia real para desmantelar las redes delictivas que mueven millones de litros de combustible ilícito cada año.
Pero Baja California no se queda atrás. Aquí, la situación es igualmente preocupante. Lo que en su momento fue un gremio respetado de empresarios gasolineros, en algunos casos ha mutado en una red paralela que trafica gasolina de origen incierto, aprovechando vacíos legales, la falta de vigilancia y, posiblemente, complicidades institucionales.
Un ejemplo que llama poderosamente la atención es el de la empresa Rendichicas, que opera más de 30 estaciones en el noroeste del país. Su propietario, Adrián Díaz Villalobos, ha sido señalado —aunque sin consecuencias jurídicas visibles hasta ahora— por su presunta implicación en el negocio del huachicol. La falta de transparencia sobre el origen del combustible que vende esta empresa debería ser una señal de alerta para las autoridades. Sin embargo, hasta ahora, los consumidores siguen abasteciéndose en sus estaciones sin conocer con certeza qué tipo de gasolina compran ni de dónde proviene.
El pasado marzo, la realidad golpeó de nuevo cuando la autoridad federal aseguró una bodega en El Sauzal, en Ensenada. Ahí se encontraron decenas de camiones cisterna cargados con gasolina producto de “huachicol”. La operación confirmó que esta actividad no solo existe, sino que está profundamente arraigada en Baja California.
Combatir el “huachicol” requiere mucho más que buenos discursos o medidas simbólicas. Es necesario desmantelar las redes de complicidad que lo permiten, aplicar auditorías energéticas reales, y exigir trazabilidad del combustible a todas las empresas del sector. También es urgente que la ciudadanía y los medios mantengan la presión para que el Estado actúe, porque el costo de la impunidad no solo es económico, sino también social y ambiental.
El combate al huachicol no puede ser selectivo ni negociado. La ley debe aplicarse con firmeza, caiga quien caiga, incluyendo aquellos que, bajo la fachada de emprendedores exitosos, esconden una fortuna hecha a base del saqueo del patrimonio energético nacional.