Tijuana, 28 de octubre de 2021.- Jaime Bonilla Valdez, gobernador del estado, y a Guillermo Ruíz, fiscal general del Estado, recibieron este día una recomendación por violaciones estructurales de derechos humanos en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en la entidad, informó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
La Recomendación General 01/2021 también fue dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; al Poder Legislativo; así como al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California.
Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CEDHBC, informó que se analizaron 106 expedientes relacionados con la desaparición de personas, los cuales “permitieron documentar los obstáculos a los que se enfrentan los familiares y los colectivos en la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas”.
Según el portal tijuanaenlinea.com, la Comisión observó que uno de los mayores problemas en la atención de estos casos es la nula coordinación entre las autoridades administrativas y ministeriales; la falta de fortalecimiento institucional, personal y recursos limitados e insuficientes; así como la falta de debida implementación y estructura de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Aunado a ello observaron la falta de un plan estratégico para impulsar y ejecutar las acciones de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, lo cual no permite una debida asistencia y apoyo a las víctimas directas e indirectas de tales delitos.
Entre los Puntos Recomendatorios dirigidos a la Fiscalía General del Estado, se le solicita que gire instrucciones a quien corresponda para que se realicen auditorías periódicas dentro de las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por desaparición de personas.
Ello con la finalidad de verificar si se han agotado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, debiendo dar vista a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de las omisiones detectadas.
De igual manera, se le solicitó al Poder Ejecutivo es que realice las acciones necesarias a fin de que se instale el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, incluida la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.