”Estacionarse no debe ser un lujo”, afirma.

Tijuana, Baja California, a 23 de julio de 2025.~La regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Sandra Magaña, manifestó su rechazo a la instalación de nuevos parquímetros en la Zona Río, al considerar que esta acción se llevó a cabo sin autorización del Cabildo y sin consultar a la ciudadanía.

De acuerdo con la edil panista, la empresa Copemsa Tijuana S.A. de C.V. ha ampliado su operación a nuevas vialidades de manera arbitraria, lo que representa una posible violación al contrato de concesión vigente, además de generar afectaciones económicas a trabajadores, comerciantes y visitantes del área.

En este asunto — denunció — “no hay transparencia, si el Ayuntamiento permitió esta expansión ilegal es una omisión grave ; y si la empresa actuó por su cuenta está operando fuera de contrato. En cualquiera de los dos casos hay una afectación directa a los tijuanenses”, acotó.

“El costo por estacionarse alcanza hasta los 25 pesos por hora, lo que representa un gasto mensual de hasta 3 mil pesos para quienes laboran en esta zona”, explicó la regidora, al señalar que esta medida impacta directamente a la economía de las familias tijuanenses.

El contrato de concesión fue firmado el 12 de abril de 2019 durante la administración del XXII Ayuntamiento, otorgando 15 años de operación con un esquema de reparto del 60 por ciento de ingresos para la empresa y 40 por ciento para el municipio, señaló.

Recordó que posteriormente, el 14 de febrero de 2020, bajo el gobierno de Arturo González, se firmó un convenio modificatorio que redujo la vigencia del contrato a siete años y medio, con fecha de término en octubre de 2026.

Magaña solicitó al gobierno municipal del alcalde Ismael Burgueño Ruiz , al secretario de Gobierno Arnulfo Guerrero León y Apolinar Fernández Álvarez a la Secretaría de Movilidad, que presenten públicamente los documentos que respaldan la reciente expansión de parquímetros y expliquen los criterios utilizados para autorizarla, en caso de que exista dicha autorización.

“Si no hubo aval legal, la empresa debe ser sancionada. Y si sí lo hubo, se debe transparentar quién lo otorgó y bajo qué condiciones”, expresó.

Asimismo, la regidora señaló que el espacio público no debe verse como una fuente de recaudación, sino como un bien común que debe gestionarse con sensibilidad social.

Añadió que Tijuana requiere políticas de movilidad integrales, que incluyan estacionamientos accesibles y transporte público digno.

Finalmente, reiteró que su regiduría continuará vigilando que se respete la legalidad y se prioricen los intereses de los ciudadanos.