El uso discrecional de tecnologías de espionaje sin supervisión judicial pone en riesgo las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Tijuana, BC, a 25 de junio 2025. – En México, la tendencia a legalizar mecanismos de vigilancia estatal sin controles judiciales amenaza gravemente el equilibrio democrático y el respeto a los derechos humanos, así lo expresó el Socio director de grupo UNO Abogados, Mtro. Leonardo Abarca Jiménez.
El especialista mencionó que actualmente, dos propuestas legislativas refuerzan esta preocupación: la adscripción formal de la Guardia Nacional a la Sedena y las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, aclarando que ambas propuestas deben ser ampliamente analizadas y discutidas.
Y es que de ser aprobadas ambas iniciativas permitirían al Estado vigilar, localizar y espiar ciudadanos sin orden judicial, sin supervisión independiente ni rendición de cuentas.
“Esto no es una hipótesis: ya se ha documentado el uso del software espía Pegasus contra periodistas, activistas y opositores. Legalizar estos mecanismos institucionalizaría un patrón de abuso”, explicó.
Por ejemplo, resulta alarmante la propuesta de reforma a la Guardia Nacional, que permitiría a una fuerza bajo control militar realizar labores de inteligencia y geolocalización sin control judicial, vulnerando el principio de que la seguridad pública debe ser civil. Esta medida se da, además, en un contexto en que el Poder Judicial ha sido debilitado, lo cual agrava los riesgos de discrecionalidad estatal, aseguró el especialista.
Asimismo, explicó que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones podrán facilitar el acceso a datos personales y ubicación en tiempo real sin autorización judicial, bajo la justificación de la seguridad. Sin embargo, este argumento no puede estar por encima del derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia.
Legalizar la vigilancia sin controles no fortalece al Estado: lo vuelve más opaco, autoritario y peligroso. El Congreso debe actuar con responsabilidad y abrir un debate técnico, plural e informado antes de votar estas iniciativas. “No se trata de rechazar la seguridad, sino de garantizar que esta se ejerza dentro del marco constitucional”, concluyó.