La facultad de Hacienda para determinar actividades donde el efectivo deje de aceptarse abre un debate sobre los límites de la intervención del Estado y los derechos de comerciantes y consumidores.
Tijuana, BC, 17 noviembre 2026.- La recién aprobada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos podría representar un avance en la modernización financiera de México; sin embargo, también abre un importante debate constitucional: ¿puede el Gobierno obligar a determinados comercios a dejar de recibir dinero en efectivo?, así lo expresó el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo UNO Abogados.
El expero explica que luego de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2026 y vigente desde el día 5, esta legislación busca impulsar el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otras herramientas electrónicas. No obstante, su artículo 13 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales sean la única forma de pago.
“Esta disposición merece especial atención desde el punto de vista jurídico, pues podría entrar en tensión con derechos reconocidos por la Constitución”, advirtió.
Recordó que el artículo 5 constitucional protege la libertad de las personas para dedicarse al comercio y a las actividades lícitas que elijan. Sin embargo si una autoridad impone a los establecimientos la obligación de aceptar exclusivamente determinados medios de pago, podría estar condicionando el ejercicio de su actividad económica y generando cargas que no necesariamente todos los negocios están en condiciones de asumir.

Asimismo, el artículo 28 constitucional protege la libre concurrencia. La dependencia obligatoria de plataformas e intermediarios financieros podría generar barreras económicas, particularmente para pequeños comerciantes, además de incrementar su exposición a comisiones, fallas tecnológicas y restricciones operativas.
“Otro punto cuestionable es la facultad otorgada a Hacienda para determinar los sectores afectados sin que el artículo 13 establezca criterios suficientemente específicos sobre los parámetros técnicos, económicos y sociales que deberán justificar esas decisiones”, mencionó. Esto plantea interrogantes sobre la legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica de las disposiciones que posteriormente emita la autoridad.
La medida también podría excluir a personas sin acceso a servicios bancarios o conectividad, afectando su posibilidad de adquirir bienes y servicios.
Abarca Jiménez mencionó que existen argumentos jurídicos para cuestionar su aplicación cuando las restricciones resulten desproporcionadas, vulneren derechos, excedan las facultades de la autoridad o bien va en contra de la propia Ley Monetaria, por ende, su constitucionalidad tendría que examinarse a partir de las disposiciones específicas y sus efectos.
“La modernización financiera no debe convertirse en una imposición que limite libertades económicas. El reto del Estado debe ser ampliar las opciones de pago, no generar condiciones que obliguen a comerciantes y consumidores a renunciar al efectivo” concluyó.


