Por Antonio Heras
El Gobierno de Baja California contrató para controlar la corrupción del sector Salud a un funcionario de la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez que se significó por su opacidad y ser el colaborador más cercano de la secretaria Vicenta Espinoza.
Se especialidad es la inacción y el dejar hacer, laisser faire, la connivencia y complicidad, como lo demostró en los dos años del gobierno bonillista cuando la Secretaría de la Honestidad y Función Pública se distinguió por sancionar a solo dos exservidores públicos del gobierno de Francisco Vega y a ninguno de la administración del empresario de medios de comunicación.
En términos aéreos es la caja negra del bonillismo.
Fue director de Auditoría Gubernamental e Investigación de la SHyFP y prácticamente se encargó del despacho de esa dependencia estatal cuando, emocionada, Espinoza Martínez solicitó permiso para buscar la candidatura a alcaldesa de Tijuana por Morena. Nunca estuvo cerca de la postulación y, en realidad solo gozó de vacaciones.
Se trata de Mario Alzate Cruz, quien ahora funge como contralor interno del Instituto de Servicios de Salud de Baja California.
La SHyFP presentó cuatro denuncias penales de la administración panista de Kiko Vega pero ningún procedimiento sancionatorio administrativo que era su responsabilidad. Por eso, Kiko gozó de impunidad pues ni siquiera se inició un procedimiento para inhabilitarlo o para regresar lo que acusó Bonilla de haberse robado.
Incluso, la ahora secretaria Rosina del Villar dio a conocer que en esa dependencia solo hay documentación de una denuncia penal y ningún documento de las otras tres por lo que, solícita, acudió a la Fiscalía General del Estado a pedir los expedientes.
Era más fácil levantar el teléfono y preguntarle a Alzate Cruz dónde escondió los expedientes porque, ahora se sabe, recién lo contrató para cuidar los dineros y combatir la corrupción del ISESALUD, la mayoría de fondos federales, y de la Secretaría de Salud que encabeza el doctor Adrián Medina Amarillas.
Increíble? Ni al caso.
Rosina repitió el mismo mecanismo que Vicenta. Lo primero que hizo la bonillista fue designar en la lucha contra la corrupción al director de Auditoría Gubernamental y encargado de despacho de la Secretaría de la Contraloría de Guafalupe Osuna y Kiko Vega.
Ante la hipocresía del discurso, Vicenta se vio obligada a pedir la renuncia de José María Armendariz, aunque lo promovieron como contralor de la UABC.
Por cierto, Alzate no se encuentra en el listado de los contralores seleccionados por la SHyFP, de acuerdo a la convocatoria para el proceso de selección de los titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Baja California, tal y como lo señala la cláusula Décima Primera.
Los contralores se encargan de aplicar las normas de control interno, auditoria, fiscalización y responsabilidades de empleados y funcionarios. Su responsabilidad es evaluar, detectar de manera preventiva, controlar y sancionar prácticas ilegales de los servidores públicos.
Además reciben quejas y denuncias ciudadanas contra servidores públicos por incumplimiento de las funciones o violaciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e inconformidades generadas en el servicio público.
En 2018, Alzate fracasó en su intento de ser designado secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
Después operó el desmantelamiento de este sistema con la suspensión del secretario ejecutivo, de la directora de Administración y de seis consejeros ciudadanos y promovió la activación del Órgano de Gobierno de la SESEABC con dos consejeros proclives a Bonilla que ya habían concluido su mandato constitucional.
Su propósito, del ahora marinista, era pagar un millón de pesos a un ex consejero que se convirtió en el peón de la administración de Bonilla, como antes lo fue de los gobiernos panistas de Tijuana.