Tijuana, 5 de septiembre de 2022.- Fue presentada la conferencia “Pago indebido de derecho de conexión por concepto de agua potable y su derecho a la devolución” por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Baja California en donde se enfocaron en el análisis de temas jurídicos que tengan impacto social y que sobre todo den a los profesionales del derecho las herramientas para establecer los criterios jurídicos que en favor de los derechos de la ciudadanía.
Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la asociación de profesionistas, señaló que para la exposición de la conferencia realizada en las instalaciones de Cetys Universidad se contó con la participación de Flora Arguilés Robert, magistrada del Juzgado Segundo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California y de Gerardo Mejorado Ruiz, vicepresidente en Tecate de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California.
“Como lo comentaron los expositores desde la administración estatal anterior se vio una política bastante agresiva en los cobros a las empresas por el tema del agua. Actualmente ya no solo se limita a las empresas sino también a asuntos en los cuales se llegan a cobrar cantidades muy elevadas a usuarios del servicio en casas habitación”, expresó.
Por su parte, Gerardo Mejorado Ruiz, opinó que pese a que legislativamente se adolece de cuestiones de carácter legal es factible que se condene la devolución de pago de lo indebido por concepto de conexión de agua potable.
“Cuando se hicieron los cobros de derechos de conexión no hubo determinaciones de créditos fiscales, y en materia fiscal es imprescindible que haya una determinación por parte de la autoridad fundamentada que haya emanado de un procedimiento elaborado con una facultad de comprobación; es decir que se haya hecho una revisión y dado por conocer por escrito que se debe tal o cual cantidad y por no existir tales resoluciones son viables las devoluciones de pagos de lo indebido a las Comisiones de Servicios Públicos del Estado”, declaró.
Reiteró que conforme no se avance en la creación de una Ley Estatal de Derechos que contenga los conceptos que se habrán de cobrar por diversos servicios que presta el Estado, se puede correr el riesgo de cometer arbitrariedades.