Tijuana, Baja California, 20 de mayo de 2025.- El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana denunció públicamente que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Tijuana están contratando publicidad institucional en espectaculares que habían sido previamente clausurados por operar sin permisos en espacios públicos.
Christopher Domínguez Meraz, presidente del PAN Tijuana, calificó como inaceptable que las autoridades municipales clausuren estructuras ilegales y posteriormente permitan su operación para contratar sus servicios publicitarios con recursos públicos.
“Es inaudito que el Ayuntamiento clausure estructuras ilegales y luego permita su operación para después contratarles servicios publicitarios con recursos públicos. Ahora incluso el Gobierno del Estado se suma a esta red de simulación y complicidad. No hay legalidad ni ética en pagar por anuncios que están violando el reglamento desde su instalación”, declaró el dirigente.
Domínguez Meraz explicó que los espectaculares en cuestión fueron colocados en glorietas, camellones y áreas verdes durante la administración pasada, espacios que requieren autorización expresa del Cabildo. “Fueron clausurados por no contar con permiso, pero hoy ya retiraron los sellos y siguen operando con total impunidad. Lo grave es que el gobierno estatal los está utilizando para campañas institucionales como el Tianguis Turístico y otras más recientes”, denunció.
El PAN Tijuana ya había expuesto públicamente en diciembre de 2023 la existencia de al menos 13 estructuras irregulares, y en enero de este año, la regidora Sandra Magaña reiteró la exigencia de retirarlas. Sin embargo, ninguna fue desmontada; por el contrario, algunas se han integrado a la estrategia de comunicación gubernamental.
“La corrupción no solo no se combate, se premia. Exigimos a la Sindicatura y al Congreso del Estado que investiguen quién autorizó el uso y contratación de estos espectaculares ilegales, qué dependencias están involucradas y bajo qué condiciones se están utilizando recursos públicos para normalizar la ilegalidad”, concluyó Domínguez Meraz.
