Tijuana, B.C., a 27 de noviembre de 2024.- El Partido Acción Nacional (PAN) reafirma su compromiso con los trabajadores de Baja California y rechaza categóricamente cualquier intento de reforma que perjudique los derechos adquiridos por los afiliados al ISSSTECALI, así lo declaró Lizbeth Mata Lozano, presidenta estatal del PAN en Baja California.
La dirigente subrayó que actualmente los derechos laborales de los trabajadores enfrentan uno de sus peores momentos en el estado, es en este contexto, Acción Nacional está decidido a acompañar y defender a los ciudadanos afectados por estas medidas.
“El gobierno de MORENA busca socavar los derechos adquiridos por miles de burócratas y maestros con una posible reforma al ISSSTECALI. Aunque aún no se ha presentado oficialmente, las afectaciones ya son evidentes para los trabajadores”, señaló Mata Lozano, quien hizo un llamado a respetar los derechos laborales.
En sus declaraciones, señaló a la gobernadora Marina del Pilar y a los gobiernos de MORENA solo se han dedicado a culpar al pasado en lugar de asumir su responsabilidad para resolver los problemas actuales.
“Baja California enfrenta múltiples crisis que afectan a las familias, desde la inseguridad hasta el colapso en el sistema de salud. Los derechohabientes del ISSSTECALI no encuentran ni los medicamentos básicos en las farmacias, y ahora enfrentan una crisis laboral provocada por la intención de vulnerar sus derechos”, añadió.
Desde el Congreso del Estado, los diputados del PAN han exigido respeto para los trabajadores y se han manifestado en contra de cualquier que genere más daños que soluciones para los derechohabientes, además de reiterar su compromiso de velar por los derechos adquiridos.
Finalmente, Mata Lozano señaló que los legisladores han insistido en que el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos cumplan con su obligación de pagar las cuotas adeudadas al ISSSTECALI y reporten las aportaciones ya descontadas a los trabajadores.
En particular, criticó la responsabilidad del Ayuntamiento de Ensenada, cuyo exalcalde y actual senador, Armando Ayala, ignoró durante cinco años esta obligación, contribuyendo significativamente al deterioro financiero del Instituto.