• Ante ese escenario, la nueva ruta consiste en modificar leyes secundarias, lo que permitiría aprobar ajustes con mayoría simple en el Congreso
Tijuana, BC, 13 de marzo 2026.- Luego de que no prosperara la reforma constitucional en materia electoral impulsada por Morena en el Congreso de la Unión, el gobierno federal abrió la puerta a una alternativa legislativa conocida como “Plan B”, una estrategia que busca introducir cambios al sistema electoral sin modificar la Constitución.
La propuesta surge después de que el proyecto original no alcanzara la mayoría calificada necesaria para reformar el marco constitucional. Ante ese escenario, la nueva ruta consiste en modificar leyes secundarias, lo que permitiría aprobar ajustes con mayoría simple en el Congreso.
De acuerdo con el Dr. Leonardo Abarca Jiménez, Socio director de Grupo UNO Abogados, los planteamientos que han trascendido en el debate político y jurídico, el llamado Plan B contempla varios ejes centrales.
Uno de ellos podría consistir en revisar los costos de los congresos locales, con el argumento de reducir el gasto público y hacer más eficiente el funcionamiento de los órganos legislativos en las entidades federativas.
Otro componente apunta a ajustes en los gobiernos municipales, particularmente en lo relacionado con estructuras administrativas y gastos que, desde la perspectiva de los promotores de la reforma, resultan excesivos.
El especialista agregó que otro punto se especula que podría ser modificar el momento en que puede realizarse la revocación de mandato. Actualmente este mecanismo se plantea para el cuarto año de gobierno; sin embargo, dentro del esquema del Plan B se ha planteado adelantarlo al tercer año de gestión.
Desde el punto de vista legislativo, la apuesta del oficialismo radica en que las reformas a leyes secundarias requieren únicamente mayoría simple, lo que abre la posibilidad de avanzar en cambios relevantes sin la necesidad de reunir el consenso amplio que exige una reforma constitucional. Sin embargo, es importante mencionar que al ser leyes secundarias deben ser acordes a los lineamientos constitucionales, de ahí que dichas reformas tienen esa limitación.
Abarca Jiménez advirtió que cualquier modificación deberá respetar los principios que rigen el sistema electoral mexicano —certeza, legalidad, independencia e imparcialidad— establecidos en la Constitución.
En caso contrario, las reformas podrían ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que tendría la última palabra sobre su constitucionalidad.
Para analistas como el Dr. Leonardo Abarca Jiménez, el debate en torno al Plan B refleja que, aun cuando una reforma constitucional no logra prosperar, el terreno legislativo ofrece caminos alternos para intentar modificar el funcionamiento del sistema político-electoral.
Por ahora, el foco de la discusión se traslada nuevamente al Congreso, donde se definirá si esta estrategia logra avanzar y cuál será su verdadero impacto en el equilibrio institucional del país.