LOGRA FGE VINCULACIÓN A PROCESO CONTRA AGENTE ESTATAL POR VIOLENCIA FAMILIAR Y LESIONES EN TIJUANA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 1 DE JUNIO DE 2026.— Bajo la firme directriz de la Fiscalía General del Estado, de mantener cero tolerancia a la impunidad y brindar protección absoluta a las familias bajacalifornianas, se obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Eduardo Alberto “N”.
El imputado, quien se desempeñaba como agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), es señalado como presunto responsable de los delitos de lesiones calificadas, violencia familiar física y daño en propiedad ajena culposo, derivado de hechos que pusieron en riesgo la vida de una mujer y de un menor de edad.
Los hechos que sustentan la investigación ocurrieron la noche del pasado 21 de abril, en la colonia Lomas Terrabella. De acuerdo con el expediente integrado por la Unidad de Investigación con Detenidos de la Fiscalía Regional de Tijuana, el imputado irrumpió en el domicilio de su exconcubina, donde presuntamente ejerció violencia física mediante empujones y golpes contra las paredes; posteriormente, la agresión escaló fuera del inmueble.
En un acto de extrema peligrosidad, Eduardo Alberto “N” utilizó un vehículo para huir del lugar y presuntamente se apoderó del teléfono celular de la víctima. Cuando ella intentó detenerlo para recuperar su equipo, el señalado la impactó de manera intencional en el área de las piernas y, posteriormente a su hijo de seis años, quien intentaba auxiliar a su madre.
La agresión se detuvo únicamente por causas ajenas a la voluntad del presunto responsable, quien finalmente colisionó contra otro vehículo durante su intento de fuga.
Tras la presentación de pruebas contundentes en la audiencia celebrada el 27 de abril, la Fiscalía acreditó no solo la gravedad de las lesiones, las cuales requieren tratamiento médico especializado y tardan más de 15 días en sanar, sino también un presunto historial de violencia recurrente y de género ejercido por el imputado desde 2025.
Ante la solidez de los datos de prueba, el Juez de Control determinó que Eduardo Alberto “N” permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Con estas acciones, la FGE reafirma que nadie está por encima de la ley, especialmente quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir.